martes, 19 de junio de 2012

Elevan a juicio causas de la represión en Junín

El juez federal Daniel Rafecas elevará a juicio oral en los próximos días las causas por delitos de lesa humanidad en la localidad bonaerense de Junín contra siete ex policías y militares por secuestro y torturas cometidos contra 30 personas durante la última dictadura. Se trata de dos partes de la causa que concentran los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la zona de Junín y que forman parte del entramado represivo de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército

 El juez federal Daniel Rafecas elevará a juicio oral en los próximos días las causas por delitos de lesa humanidad en la localidad bonaerense de Junín contra siete ex policías y militares por secuestro y torturas cometidos contra 30 personas durante la última dictadura. Se trata de dos partes de la causa que concentran los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la zona de Junín y que forman parte del entramado represivo de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército.
El expediente, “Almirón y otros sobre privación ilegal de la libertad agravada”, tienen como procesado al coronel retirado Ángel José Gómez Pola, quien se desempeñó como jefe del Área 31 de la Subzona 13, que tenía jurisdicción sobre el circuito represivo que  funcionó en Junín y que integraron cuatro centros clandestinos de detención: la Comisaría 1ª de Junín, la Unidad 13 del Servicio Penitenciario Provincial (conocida como Cárcel de Construcción), el Destacamento Policial Morse y la Unidad VIIIª de Junín. Pola, quien como jefe militar desde el 6 de diciembre de 1976 al 5 de diciembre de 1977 estaba al mando de la policía, está procesado como autor mediato de 24 casos de privaciones ilegales de la libertad y por los tormentos sufridos por 14 de esas personas.
 
Además del ex coronel, está procesado por 16 casos de secuestros y tormentos el comisario inspector retirado Miguel Ángel Almirón, quien le da nombre a la causa y es señalado como la “cara visible” del “Destacamento Morse”, centro clandestino ubicado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Junín y que dependía de la Comisaría 1ª.
También formarán parte del juicio el ex comisario inspector Edgardo Antonio Mastrandrea; los ex comisarios Abel Oscar Bracken y Julio Ángel Esterlich; el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta y el oficial superior retirado Silvio Manzanares.
Las acusaciones contra  ellos y contra Almirón, es por la autoría directos en los 30 casos de secuestros y tormentos en la zona de Junín. “Los reproches están anclados en sus roles de custodios, interrogadores y torturadores de los centros de detención clandestinos”, señaló el requerimiento de elevación a juicio que el fiscal federal Federico Delgado presentó a fines del año pasado.


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domingo, 3 de junio de 2012

Infimas penas para dos genocidas y un tercero, impune

Roberto Bustos recibió 19 años de prisión y Jorge Bianchero, nueve. En el juicio se ventiló el secuestro de un grupo de personas que participaba de un taller literario.
Roberto Bustos, ex jefe de informaciones de San Martín, y Jorge Bianchero, de la seccional 3 de Villa Lynch.
 
Dos ex comisarios de la policía bonaerense fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por delitos de lesa humanidad en 1979. Se trata de Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, y Jorge Julio Bianchero, ex titular de la seccional 3 de Villa Lynch, que recibieron penas de 19 y 9 años de prisión, respectivamente. El tribunal que integran Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Daniel Petrone dispuso que los condenados cumplan la sentencia en una cárcel común. El juicio fue oral y público, pero se desarrolló en una sala con capacidad para ocho personas. Por un accidente cerebro vascular, luego de permanecer varios años prófugo, quedó fuera de juego antes del inicio del juicio el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 con responsabilidad en centenares de secuestros de personas desaparecidas en Campo de Mayo.

El sábado 12 de mayo de 1979 a la noche un grupo de tareas irrumpió en un departamento de Ecuador 318, en la ciudad de Buenos Aires, y secuestró a seis personas, todos compañeros de un taller literario que, según testigos del juicio, tenían previsto viajar a España para publicar un libro sobre la represión en la Argentina. Las víctimas fueron Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski (los tres estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta) y el matrimonio de escritores que formaban Mirta Silber y Carlos Pérez. Los seis permanecen desaparecidos y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Dos días antes, la policía de Villa Lynch, por orden del Ejército, había detenido a un hermano de Beitone junto con un amigo en un departamento de esa localidad. Ambos fueron interrogados y liberados.

“Nosotros éramos simples informantes, sólo se hacían informes de inteligencia”, intentó minimizar su responsabilidad Bustos, que se encargaba de recopilar la información sobre la “lucha antisubversiva” en la delegación San Martín. “Nosotros nunca hicimos operaciones y también la pasamos mal en esa época, tuvimos que ponernos muy rígidos con nuestros vecinos”, dijo al ejercer el derecho a pronunciar sus últimas palabras. “Mis manos están limpias”, concluyó. Previendo la condena, pidió que se le concediera el arresto domiciliario y se dispuso a esperar el fallo junto a Bianchero en el jardín de la casona de Olivos donde se realizó el juicio.

Uno de los pocos privilegiados que pudo ingresar a la sala fue León Sznaider, padre de Jorge, que tenía 19 años y cursaba el primer año del profesorado en Historia. Familiares y allegados a las víctimas junto con militantes de Hijos y de la Comisión Campo de Mayo aplaudieron de pie al anciano, que con el abogado Pablo Llonto realizó la presentación que permitió reabrir la causa. Sin micrófono, con decenas de personas amontonadas en una escalera, fuera de la sala, esforzándose para escuchar, Larrandart leyó la sentencia: 19 años de cárcel para Bustos como coautor de dos allanamientos ilegales, ocho secuestros, y de los tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en los casos de quienes permanecen desaparecidos; nueve años de prisión para Bianchero por un allanamiento ilegal y los dos primeros secuestros.

Los jueces destacaron que se trató de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y encomendaron a la justicia de primera instancia investigar al resto de los policías y militares que participaron o tuvieron responsabilidad en los mismos hechos. A pedido del fiscal federal Marcelo García Berro y en base a la declaración del dictador Jorge Videla sobre el destino de los desaparecidos, los jueces ordenaron que se investigue la responsabilidad de Bustos en los homicidios de las víctimas.

Antes del comienzo del juicio, que duró tres semanas, los acusados habían pedido la suspensión a cambio de una probation, léase tareas comunitarias. Bianchero ofreció además pagar dos mil pesos a la familia de cada víctima como “resarcimiento” por su responsabilidad. El tribunal rechazó los ofrecimientos y también el pedido de arresto domiciliario con el que insistieron hasta ayer. Los ex comisarios afrontaron el proceso en libertad y tras la sentencia quedaron por primera vez detenidos, a sus 78 años y a un tercio de siglo de los hechos. La propia Larrandart actuará como jueza de ejecución. Los presentes aplaudieron la sentencia, nombraron y gritaron “presente” para recordar a cada una de las víctimas. Los condenados quedaron en la sala a la espera de los penitenciarios que los trasladarían a la cárcel. Nedo Otto Cardarelli morirá impune.